por Hugo Rabbia (Universidad Nacional de Córdoba/CONICET). Fotos (en Buenos Aires): Judith Acosta
Pocos días antes que el Senado argentino rechazara el proyecto para legalizar el aborto, Romina publicó un mensaje en la red social Facebook en el cual contaba que había iniciado el trámite de apostasía en el arzobispado de Córdoba, la segunda ciudad más importante del país. En su post señalaba una serie de motivos que la habían conducido a tomar la decisión. En primer lugar, “soy ATEA, después de muchos años de construir una «espiritualidad» que me es propia y de la que estoy orgullosa”, señalaba quien tuvo una fuerte socialización católica durante su niñez y adolescencia. En segundo lugar, cuestionaba los subsidios estatales que recibe la Iglesia Católica y su “injerencia en debates en los que no debería tenerla”, como el aborto o el matrimonio igualitario (aprobado en 2010), a la vez que criticaba su presunta complicidad durante la última dictadura cívico-militar argentina.
El post de Romina se viralizó rápidamente, en un contexto donde la jerarquía eclesiástica encabezaba una fuerte campaña contra la legalización del aborto, con marchas masivas en diversas ciudades o amenazas en homilías contra senadores y diputados que apoyaran la iniciativa. “Las persona mes preguntaban cómo había el hecho el trámite (de apostasía). Incluso me empezaron a preguntar cuándo hacíamos una apostasía colectiva”, afirmó la bióloga e investigadora en la Universidad Nacional de Córdoba.
Cuando el 8 de agosto (8A) el Senado nacional rechazó el proyecto de ley, junto con otras personas a cargo del grupo Apostasía Colectiva Córdoba decidieron canalizar las demandas de los comentaristas, y organizaron una apostasía colectiva frente al Arzobispado local. Se trató, en última instancia, de “hacerse eco de una demanda espontánea”, señala Romina. El 24 de agosto, casi doscientas personas completaron los requisitos necesarios para apostatar. El número es significativo si se considera que, de manera previa, la diocesis de Córdoba registraba no más de 30 pedidos de apostasía anuales, muchos de los cuales no se concretaban.
La apostasía colectiva en Córdoba se enmarcó en la campaña nacional “No en mi nombre”, que ha desarrollado diversas acciones similares en ciudades a lo largo de todo el país. Algunas de estas apostasías fueron asesoradas y promovidas por la Coalición Argentina para el Estado Laico (CAEL), un conglomerado de organizaciones sociales, miembro de la Asociación Internacional de Libre Pensamiento, que lucha por una efectiva separación de lo político frente a lo religioso en el país.
En 2009, el año de su formación, CAEL ya había lanzado una campaña de apostasía colectiva que, si bien tuvo cierta visibilidad, no había alcanzado el impacto de las acciones más recientes. Se calcula que entre 3.700 y 4.000 personas han iniciado trámites de apostasía en las diversas acciones colectivas a lo largo del mes posterior al rechazo al aborto. En términos legales, la campaña se fundamenta en la ley nacional de Protección de Datos Personales que, en su artículo 16, establece que “toda persona tiene derecho a que sean rectificados, actualizados y, cuando corresponda, suprimidos o sometidos a confidencialidad los datos personales de los que sea titular”. Pero, como señala Analía Mas, integrante de CAEL: “si bien la apostasía es un acto individual, al hacerla colectiva se vuelve un hecho político”.
Apostasía colectiva como hecho político
¿Qué se busca politizar con las acciones de apostasía colectiva? Una referente de las acciones realizadas en Villa María, ciudad de 100 mil habitantes en el centro de la pampa, señala que la apostasía es una medida “simbólica” para evidenciar públicamente la crisis de representación de la institución católica en algunos sectores de la sociedad. En estos sectores, sus posiciones sobre moral sexual y derechos de las mujeres y minorías sexuales se apartan considerablemente de las asumidas por la jerarquía eclesiástica. Para Romina resulta muy importante clarificar que no hace falta ser ateo para apostatar: “Con estar convencido que la institución católica no te representa por el motivo que sea, es suficiente”, señala. El nombre de la campaña, “No en mi nombre”, hace explícito este cuestionamiento.
En términos sociológicos, estas divergencias no son una novedad. La encuesta nacional de creencias religiosas, desarrollada por destacados investigadores del CONICET en 2008, reportó que, si bien el 75% de los argentinos se identificaba como católico, la mayoría disiente con las posiciones eclesiásticas sobre temáticas vinculadas a educación y derechos sexuales y reproductivos. Un estudio cualitativo sobre cómo viven la religiosidad los latinoamericanos, coordinado por el Dr. Gustavo Morello s.j. y con subsidio de la fundación Templeton, también identificó una fuerte autonomía interpretativa entre los católicos argentinos. La brecha es aún más significativa entre jóvenes de centros urbanos, al punto que el sociólogo argentino Fortunato Mallimaci ha planteado que Argentina vive un momento de “catolicismo sin iglesia”. En este sentido, los argumentos del post de Facebook de Romina son compartidos por un segmento considerable de la población, aunque no todos decidan apostatar.
En contraposición, los sectores que muestran un alto nivel de congruencia doctrinal con la Iglesia Católica en temas como las relaciones prematrimoniales, la educación sexual en las escuelas o el uso del preservativo, lo que se conoce como “católicos dogmáticos”, no constituye más del 2% de la población, tal lo identificó el sociólogo Luis Donatello a partir de datos de la encuesta nacional. Sin embargo, estas posiciones fueron las que adquirieron mayor visibilidad en los contextos del debate por la legalización del aborto, contando con aval explícito de la jerarquía eclesiástica.
Numerosos referentes de la Red Federal de Familias, un grupo de organizaciones y colectivos provida católicos y evangélicos formada tras la aprobación del matrimonio igualitario en 2010, tuvieron un alto nivel de exposición en las audiencias legislativas y en los debates mediáticos previos. Desde hace varios años, estos referentes han intervenido activamente en diversas provincias para judicializar situaciones de abortos no punibles (es decir, frenar las prácticas de interrución del embarazo en aquellos casos en que la legislación vigente lo permite), para prohibir la venta o distribución de anticonceptivos orales, o para rechazar la efectiva aplicación de la ley de educación sexual integral aprobada en 2006. Al menos media docena de senadores y diputados que se opusieron a la legalización del aborto han participado en los foros y paneles organizados por la red.
¿A quién representa la Iglesia Católica en el país del Papa?
La crisis de representación de la Iglesia Católica manifestada por algunos sectores de la sociedad resulta, en particular, llamativa proveniendo del país de origen del Papa Francisco.
Francisco recoge niveles altos de aceptación y confianza entre los argentinos, aunque su figura es cada vez más analizada desde diversas ambivalencias. Por un lado, se valora positivamente su progresismo en materia medioambiental y su crítica a un capitalismo sin rostro humano, en especial cuando sus acciones y discurso apuntan a la transformación social internacional. Por otro lado, desde algunos sectores se cuestiona su supuesta cercanía política al peronismo y el juego político partidario en el cual ha quedado enredado a nivel nacional.
En materia de sexualidad, también sus posiciones son evaluadas de manera ambivalente. En 2010, el por entonces cardenal Jorge Bergoglio fue uno de los más acérrimos opositores a la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo, el cual juzgó como “una movida del diablo”. Pero, una vez en el trono de San Pedro, ha promovido un mensaje de aceptación hacia las personas homosexuales, lo cual le ha generado críticas desde sectores integristas y conservadores de la iglesia.
Las contradicciones ideológicas que representa Francisco para el contexto argentino, quedan en evidencia también en relación con su posición sobre el aborto. Tras la aprobación por parte de la Cámara de Diputados del proyecto de ley, el Papa manifestó que el aborto es “lo mismo que hacían los nazis pero con guantes blancos”. Comparar el aborto con un “genocidio” despertó fuertes críticas de parte de agrupaciones judías, armenias y organizaciones de derechos humanos, aunque fue un argumento repetido entre quienes movilizaron el activismo en contra del proyecto. Llamativamente, dentro de este grupo es posible identificar a legisladores y activistas que han reivindicado los asesinatos, torturas y desapariciones por parte del terrorismo de estado en los años setenta.
Por otro lado, a finales de 2016 Francisco concedió a todos los sacerdotes la facultad de absolver a quienes hayan procurado el pecado de aborto. Si bien un paso significativo en la experiencia de muchas personas, algunas mujeres católicas que han abortado, al ser entrevistadas por la socióloga Cecilia Jhonson, cuestionaron la insistencia en considerar el aborto como “pecado” y que el perdón deba quedar en manos de un varón a través del sacramento de la confesión.
Estas mujeres han logrado lidiar con la culpa y continuar con sus creencias a partir de construir teologías personales que reconocen una imagen de Dios que acompaña, reconforta y perdona de manera personal e íntima, , señala Jhonson. Algunas de ellas, además, han desarrollado intensas trayectorias de activismo social a favor de los derechos de las mujeres y contra la injerencia de la Iglesia Católica en políticas públicas de salud sexual.
Argentina: ¿un estado laico incompleto?
Como aconteció en torno a la discusión sobre el divorcio vincular hace ya tres décadas, y con el matrimonio entre personas del mismo sexo en 2010, la idea de que Argentina vive un proceso incompleto de laicidad parece adquirir más fuerza en los contextos donde la Iglesia Católica politiza su oposición en torno a ejes de políticas sexuales y reproductivas. Esta idea, además, parece rivalizar con la percepción de ciertos sectores sociales y de la clase política de que la religión, especialmente la católica, se encuentra jaqueada en su rol histórico por tutelar a la nación.
En efecto, unos meses antes de la iniciativa de Romina, en junio de 2018, una estudiante de la facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Tucumán (al norte del país) creó un grupo en Facebook con opiniones y demandas en torno a la separación del Estado de la Iglesia Católica. En el grupo puede leerse que “necesitamos un estado LAICO, que nos asegure educación sexual integral, conciencia social, una salud pública sin prejuicios moralistas, una sociedad más igualitaria, justa y avanzada”, a la vez que reconoce que “la Iglesia es uno de los mayores impedimentos para lograr el aborto seguro, legal y gratuito”. En pocas horas, la -ahora- página “Campaña Federal por la Separación Estado/Iglesia” obtuvo decenas de miles de “Me gusta”. Actualmente cuenta con más de 41 mil miembros, y han adoptado como emblema identificatorio un pañuelo naranja (a veces, negro) con un isologo donde puede verse media imagen de una iglesia y de una cúpula de un edificio civil, separadas por una línea de puntos y englobadas por el lema: “Iglesia y Estado, asunto separado”. Es habitual ver en calles, plazas, lugares de estudio y de trabajo, que diversas personas, sobre todo mujeres jóvenes, porten el pañuelo naranja junto con un pañuelo verde, el cual expresa el apoyo a la iniciativa de legalización del aborto.
Aunque el modelo imaginado de laicidad que sostienen numerosos académicos y activistas es el de la laicidad francesa, la realidad argentina tiene sus particularidades y está lejos de dicho modelo. La Constitución Nacional garantiza la libertad religiosa y de conciencia, pero otorga un estatuto privilegiado a la Iglesia Católica. En su artículo 2 señala que el Estado “sostiene” el culto católico, lo cual ha sido objeto de diversas interpretaciones, pero ha predominado la concepción del “sostenimiento económico estatal” regulado por decretos-ley de la dictadura aún vigentes.
El pasado marzo, ante requerimientos de un partido político de oposición, el jefe de gabinete de la actual gestión nacional, Marcos Peña, informó ante el Congreso nacional que el estado argentino contribuye con al menos 130 millones de pesos (algo así como 3 millones de euros) anuales al sostenimiento del culto católico. Dicho dinero, que se distribuye entre sueldos a obispos, párrocos de frontera y contribuciones a seminaristas, representa un 7% del presupuesto anual de la Iglesia Católica. La institución recibe también, de manera indirecta, otros fondos estatales para restaurar o conservar edificios históricos, para financiar las escuelas confesionales, o para contribuir a sus acciones sociales.
La exposición de Peña se vio seguida de una oleada de críticas y cuestionamientos en un contexto donde los ajustes presupuestarios en áreas como ciencia y tecnología, educación y salud son una realidad cotidiana. Una encuesta realizada por Ipsos Argentina en julio de este año reveló que el 67% de la población argentina se manifiesta de acuerdo con que el estado deje de financiar a la Iglesia Católica. Diversos grupos de diputados han presentado proyectos de ley que buscan revisar, o bien terminar, con los aportes estatales directos al sostenimiento del culto católico.
Tras el rechazo a la legalización del aborto, se informó que la Iglesia y el Estado nacional estaban trabajando conjuntamente en la reducción gradual del financiamiento estatal. La medida incluso es vista con agrado por sectores eclesiásticos, puesto que consideran que la institución podrá gozar así de mayor independencia frente a los gobiernos de turno.
La presencia religiosa en el espacio público, en cuestión
Otro punto de críticas es la presencia de elementos e imágenes religiosas en los edificios gubernamentales. Poco después del rechazo a la legalización del aborto, cinco diputados de Cambiemos (la alianza gobernante a nivel nacional, cuyos senadores votaron mayoritariamente en contra del proyecto) presentaron un proyecto de ley para eliminar los símbolos religiosos de los edificios civiles. Sostienen que la simbología religiosa, además de no ser representativa para el conjunto de ciudadanos del país, también atenta contra la laicidad estatal. En caso de aprobarse el proyecto, una de las primeras medidas sería quitar la imagen de la Virgen de Luján que preside el ingreso a la Cámara de Diputados.
Retirar imaginería religiosa de diversas universidades públicas ocupadas por estudiantes para protestar contra los recortes presupuestarios también han sido una acción simbólica con gran repercusión a lo largo del último mes. En algunos contextos, estas acciones generaron fuertes rechazos. Por ejemplo, en la Universidad Nacional de La Rioja, provincia del noroeste colindante con Chile, la asamblea decidió en una tensa votación no remover un santuario y la imagen de la Virgen.
En este sentido, existe cierta percepción de que los reclamos de los colectivos y movimientos laicistas no se encuentran distribuidos homogéneamente a lo largo de todo el país. La presencia de elementos y referencias religiosos en la cultura política y en la toma de decisiones públicas resulta menos cuestionada en provincias del norte del país, con menor desarrollo económico y con una fuerte tradición del catolicismo popular, que en las provincias del centro y el sur, más desarrolladas económicamente. El sitio web de CAEL informa de acciones de apostasías colectiva en ciudades de todo el país, aunque reconoce que algunas diócesis, en especial del noroeste y noreste del país, pueden ser poco “amigables” para lograr concretar los trámites iniciados.
Como puede advertirse, y en consonancia con lo manifestado por Romina, el rechazo a la legalización del aborto parece no haber sido una causa suficiente para entender el éxito de la campaña “No en mi nombre”, aunque puede haber contribuido a hacerla efectiva. “Muchas personas ya habían pensado hacerlo antes, les faltaba el último empujón”, manifiesta. A la par, “muchas personas querían hacer el trámite pero no sabían cómo. Y se fueron enterando de los requisitos a partir del 8 de agosto”.
El “brote de laicismo”, tal lo denominaron algunos medios de comunicación, tiene causas más profundas, sociólogicas, culturales y políticas de largo aliento, conectadas con una idea de que los procesos de laicidad del Estado argentino resultan incompletos y que la injerencia de la Iglesia Católica en ciertas políticas públicas es excesiva. A la par, tampoco deben descartarse la ambivalencia con la que es percibida la figura del Papa Francisco en términos de la política interna, y las transformaciones de la experiencia religiosa de los argentinos, incluyendo la de los propios católicos.
Publicado originalmente en francés en la revista Choisir
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