por Carolina Rocha (LHER, Universidade Federal do Rio de Janeiro)
Mailson Jorge dos Santos Costa es ogan de la Casa Fanti Ashanti e hijo de Mãe Isabel de Xangô con Oxum (Mãe Kabeca), madre de santo del terreiro. La Casa de Tambor de Mina tiene más de 70 años de existencia en el Barrio Cruzeiro do Anil, en la Región Metropolitana de São Luís, en Maranhão. Sin embargo, ni el tiempo, ni la tradición, ni el derecho garantizado por ley a la libre manifestación religiosa han protegido el terreiro de constantes ataques y violencias. En abril de 2022, se registró una denuncia en la comisaría contra la iglesia que se encuentra frente a la Casa y que ha proferido amenazas cotidianas al espacio y sus adeptos. Según las autoridades públicas del estado de Maranhão que se pronunciaron sobre el caso, el primer paso a seguir ante episodios como este es registrar un informe policial con la solicitud de investigación por parte del comisario responsable, para iniciar la recopilación de hechos y verificar la ocurrencia o no del delito, enviando la investigación a la justicia con la posibilidad de denuncia por parte del Ministerio Público.
De manera general, una de las principales quejas de las lideranzas religiosas y activistas que debaten y denuncian el racismo religioso en Brasil se refiere a la subnotificación de los casos, ya que los adeptos de las tradiciones de matriz africana enfrentan dificultades y la lentitud de las instituciones públicas para defender sus derechos. Existen diversas barreras durante el proceso de denuncia, desde el miedo a represalias por parte de las víctimas hasta la negligencia. Repetidamente, las víctimas reviven la violencia sufrida dentro de las comisarías y/o en el abordaje policial, con agentes públicos que desacreditan sus testimonios, criminalizan y demonizan sus prácticas, y minimizan la gravedad de las violaciones sufridas, reduciéndolas, por ejemplo, a una “pelea de vecinos”. La correcta tipificación de los delitos es fundamental para garantizar los derechos y también para la producción de datos que reflejen la gravedad del escenario vivido. De acuerdo con la Constitución Federal de 1988, el Estado es laico. Sin embargo, en Brasil, la laicidad del Estado está lejos de garantizar la defensa de los pueblos de terreiro, funcionando, en la práctica, de manera contraria, al impedir el acceso de estos segmentos al ámbito de los derechos.
Los casos de pérdida de la custodia familiar
Fue bien conocido el caso de una madre y su hija que fueron separadas, en el 2020, porque la adolescente pasó por un ritual iniciático dentro de un templo de candomblé en Araçatuba, en el interior de São Paulo. La práctica fue denunciada como «malos tratos», «abuso sexual» y «tortura» al Consejo Tutelar. Una de las denunciantes fue la propia abuela de la adolescente, que se identifica como evangélica, razón por la cual la defensa de la familia afirmó que era un caso de racismo religioso.
Aún cuando la adolescente de doce años afirmó que las acusaciones contra su madre y el templo eran falaces, la madre y su hija fueron violentamente retiradas del lugar en medio de la ceremonia ritual y llevadas para la comisaría. El examen del cuerpo del delito fue realizado y nuevamente ninguna acusación fue comprobada. La adolescente estaba con la cabeza «raspada» (afeitada) -acto que hace parte del proceso ritual que se desarrollaba- y aseguró que no hubo ninguna violación o abuso. Aún así las denuncias de los familiares no cesaron y la justicia autorizó la pérdida de la custodia por parte de la madre, transferida para la denunciante, su abuela materna.
Las violencias derivadas del caso fueron graves. Durante el período de separación entre la niña y su madre, la abuela les prohibió verse o tener cualquier tipo de contacto; la joven también fue impedida de cumplir con los preceptos religiosos necesarios tras su iniciación y llegó a huir, siendo encontrada por la policía en el vecindario y llevada, en una patrulla, de vuelta a la casa de su abuela. El caso solo se resolvió diecisiete días después, con la ayuda de abogados contratados por la madre, quien recuperó la custodia. La historia tuvo repercusión nacional y movilizó a comunidades tradicionales de terreiro en todo el país. Lamentablemente, otros casos similares, en otras partes de Brasil, volvieron a ocurrir.
En junio de 2022, una niña de 13 años fue retirada de su propia casa, de su rutina y de la convivencia con su madre para vivir en un refugio municipal, tras la decisión de la 2ª Vara de la Infancia y Juventud de Ribeirão das Neves, a pedido del Ministerio Público de Minas Gerais, que aceptó una denuncia de maltrato, sin pruebas contundentes, hecha por la escuela de la adolescente ante el Consejo Tutelar. La dirección de la Escola Estadual João Lopes Gontijo llamó al Consejo Tutelar de Justinópolis, alegando negligencia en los cuidados de la madre porque la niña sufría crisis convulsivas y presentaba marcas de heridas en el brazo. Liliane afirmó que su hija solo se sintió mal una vez, fue llevada a la UPA de la ciudad y, posteriormente, dada de alta por el médico. Luego contó que la directora del colegio, quien se autodeclara evangélica, comenzó a acosarla debido a que la niña estaba realizando un tratamiento espiritual y asistía a la escuela con collares de cuentas religiosas en el cuello. El siguiente paso en esta historia fue que la adolescente fue retirada de su hogar sin que la madre pudiera siquiera defenderse de las acusaciones hechas en su contra:
“No pueden quitarle un hijo a una madre de esta manera. Esa gente no sabe el dolor que estoy sintiendo. Fue racismo.” (Liliane dos Santos, madre que fue separada de su hija por practicar umbanda)
La menor pasó más de 30 días en el refugio antes de ser devuelta a su familia, lo que ocurrió gracias a la defensa de los abogados Isabela Dario, presidenta de la Comisión de Libertad Religiosa de la OAB-MG (Orden de los Abogados de Brasil), Hédio Silva Júnior, coordinador ejecutivo del Instituto de Defensa de las Religiones Afro-brasileñas (Idafro), y Anivaldo dos Anjos.
Según la defensa, el ECA (Estatuto de la Niñez y Adolescencia), el Código Civil y la Constitución Federal aseguran a los padres el derecho a definir la educación religiosa de sus hijos menores, y mediante un informe pericial no se comprobó ningún maltrato hacia la niña.
“Son consejeros fundamentalistas religiosos, prejuiciosos o racistas que no entienden la religión, no conocen ni reconocen el derecho cercano a la libertad. Son estas personas las que tampoco reconocen a los niños y adolescentes como sujetos de derecho.” (Ingrid Limeira)
La abogada y consejera tutelar Ingrid Limeira ha denunciado en sus trabajos y declaraciones públicas la gravedad de la actuación de los Consejos Tutelares en estos casos. Estos órganos han violado los derechos de las madres adeptas de terreiros al retirar a los niños de las familias sin pruebas contundentes o sin investigar adecuadamente las denuncias, escapando así de su función primordial de defender a los niños y adolescentes.
Ingrid destaca que estos espacios están actualmente ocupados por personas que no reconocen a los niños y adolescentes como sujetos de derecho y que reproducen prejuicios. Esto viola los principios previstos en el Estatuto de la Niñez y Adolescencia, que protege, entre otras cosas, el derecho y la libertad de culto y creencia de los menores. Por lo tanto, es importante asegurar que estas instituciones estén dirigidas por consejeros con un amplio conocimiento jurídico, formación en derechos humanos y, sobre todo, sin ideologías religiosas fundamentalistas, de modo que estos profesionales no utilicen el Consejo para la reproducción institucionalizada del racismo y los prejuicios.
“El año 2023 es un año de elecciones del Consejo Tutelar, y es importante reflexionar desde ya sobre a quién vamos a votar, para que no nos convirtamos en rehenes de estas personas dentro de nuestras casas, dentro de nuestros terreiros, dentro de nuestras familias de axé”, enfatiza la consejera tutelar.
Es importante afirmar que un culto religioso/iniciático no constituye maltrato, ni privación ilegítima de libertad, ni delito de violencia contra niños y adolescentes, y esto debe ser respetado. Es fundamental que los padres, madres y/o demás responsables legales autoricen las casas de axé y estén al tanto de todo el proceso iniciático por el cual pasará el niño, como una forma de cuidado y protección. Además, es importante destacar que es deber del Estado garantizar el respeto a la libertad religiosa, tanto en organismos como el Consejo Tutelar, en los casos mencionados, como en el propio Ministerio Público y el poder judicial, que ratifican y reproducen estas prácticas de racismo y violencia. Al fin y al cabo, el Consejo Tutelar no tiene la prerrogativa de retirar la custodia. Lo que hace es solicitar un alejamiento emergente preliminar, a través del artículo 101 del Estatuto de la Niñez y Adolescencia, en caso de que se reconozca un riesgo inminente. Es el poder judicial, por lo tanto, el que ejecuta la violación del derecho del niño cuando legitima estos errores.
Libertad religiosa bajo amenaza
Todo este conjunto de violaciones perpetradas por instancias públicas infringe la libertad religiosa garantizada en diversos dispositivos legales en Brasil. Además del Estatuto de la Niñez y Adolescencia, instituido en 1990, fue promulgada en 2016 la ley nacional nº 13.257, que trata sobre las políticas públicas para la primera infancia y que también garantizó a padres, madres u otros responsables el derecho de transmitir sus creencias. El artículo 5º de la Constitución Federal, en su inciso VI, asegura que “es inviolable la libertad de conciencia y de creencias, garantizando el libre ejercicio de los cultos religiosos y asegurada, en la forma de la ley, la protección de los lugares de culto y sus liturgias”.
El racismo religioso, la falta de información sobre la historia y la cultura de Brasil y la demonización de las prácticas de matriz afroindígena contribuyen a la propagación de estas violencias. En los crecientes casos de madres que pierden la custodia de sus hijos por asistir a terreiros, por ejemplo, algunos consejeros tutelares han presentado informes técnicos afirmando que los niños participaron en un culto demoníaco, violando así principios básicos del Estado laico y la libertad religiosa. Es importante mencionar que cuando los niños y adolescentes son separados de sus responsables legales, la custodia y la tutela terminan siendo transferidas a familiares que generalmente son los autores de las denuncias, reforzando así las motivaciones prejuiciosas y racistas que demonizan y criminalizan las prácticas, tradiciones y pueblos.
En este sentido, una recomendación importante es velar para que las «casas de Axé» estén equipadas con el conocimiento sobre sus derechos para poder defenderse, comprendiendo las directrices del Estatuto de la Niñez y Adolescencia, del Código Civil y de la propia Constitución Federal. Dominar las narrativas y el lenguaje de la ley se convierte, por lo tanto, en una herramienta importante para la defensa ante el racismo institucional. Sin embargo, no se trata de una acción simple, teniendo en cuenta la dificultad que tiene la población para acceder a sus propios derechos en el país. Por eso, es fundamental crear, junto a las organizaciones y espacios colectivos, cada vez más frentes de diálogo, formación e intercambios sobre este tema.
Además de las familias que asisten a los terreiros, los profesores también se han preocupado por el racismo del Consejo Tutelar. Padres y madres de estudiantes han acudido al órgano para quejarse de clases cuyo tema es la enseñanza de la historia y cultura negra, no reconociéndolas como una esfera de responsabilidad de la educación brasileña, garantizada incluso por ley (Ley Federal nº 10.639/2003 y nº 11.645/2008). Las denuncias, por ejemplo, afirman que los profesores están “enseñando macumba a sus hijos en el aula”, y estos casos ocurren porque el Estado no tiene un interés real en combatir estas prácticas discriminatorias, al no reconocer estas agresiones como crímenes de racismo.
En 2019, en el municipio de Santo André/SP, ocurrió un caso de racismo religioso, en el que una profesora vio su aula invadida por consejeros tutelares bajo la acusación de que estaba practicando «macumba» en la escuela. La docente fue demandada por el Ministerio Público Federal a instancias de la entidad, que respaldó la denuncia de los padres por sospecha de que ella estaba practicando enseñanza religiosa en el aula. El fiscal archivó el caso en ese momento, pero situaciones como esta son preocupantes, ya que los profesores se sienten intimidados y con miedo de simplemente aplicar una ley que ha sido instituida y asegurada en el país desde 2003.
La importancia conceptual y jurídica del racismo religioso
Frente al proceso sistemático de violaciones de derechos sufrido por las tradiciones de matriz africana en Brasil, Hédio Silva Jr. enfatiza que la expresión intolerancia religiosa es insuficiente para abordar el problema. Esto se debe a que la religiosidad es solo uno de los aspectos de estos ataques, que apuntan a algo mucho más amplio: el patrimonio cultural y el legado civilizatorio africano. Ejemplos de ello son el “bolinho de Jesús” y la “capoeira góspel”, en detrimento del acarajé y la capoeira angola, ya que nunca escuchamos hablar de yakisoba, kibbeh o chucrut de Jesús. En otras palabras, la permanente antagonización, en el esfuerzo por crear antítesis relacionadas con el bien y el mal, está dirigida específicamente al legado de matriz africana. En este sentido, es necesario hacer valer la Constitución Federal y la Ley Civil Pública, que, junto con tratados internacionales, defienden el derecho a la memoria, la historia y la identidad de los grupos formadores de la nacionalidad brasileña.
Por eso, la defensa de la expresión racismo religioso, que incluso ha sido utilizada por el Supremo Tribunal Federal durante un fallo sobre el sacrificio religioso. El tema fue juzgado en el STF en 2019 con una brillante y contundente defensa de las religiones de matriz africana y su reconocimiento como patrimonio cultural brasileño. Este reconocimiento es extremadamente significativo, ya que, a partir de él, cuando se produzca la destrucción de un templo, la persona no estará destruyendo “solo” un bien privado, lo que configura un delito menor con carácter ofensivo, cuya pena máxima es de hasta 6 meses de retención, sino un patrimonio cultural, lo que caracteriza un crimen ambiental, con una pena de 5 años de reclusión. Anteriormente, el Estatuto de Igualdad Racial, Ley nº 12.288/2010, ya había caracterizado a las religiones de matriz africana como patrimonio cultural brasileño. Urge la efectiva implementación de este derecho.
Hédio Silva también recupera el origen del término racismo religioso en el marco de los debates realizados dentro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en los años 60 y evalúa positivamente la evolución de este concepto, que ha adquirido nuevos matices, contenidos jurídicos y definiciones. Es necesario discutir en Brasil la privatización del Estado por lo que él llama “facciones religiosas”, y recomienda que este sea un tema urgente en la agenda pública. Menciona la experiencia del Consejo Tutelar como un gran ejemplo de ello, “pues en gran parte de los municipios está compuesto por correligionarios de iglesias evangélicas, equipados por el aparato estatal que financia este proyecto proselitista”. Esto también ocurre en la escuela pública, que es el principal lugar donde se presentan denuncias de violaciones a la libertad de creencias por parte de los terreiros. Además, Hédio menciona datos de la Agencia Nacional de Cine (Ancine) para destacar que el 21% de todo el contenido de la televisión abierta está relacionado con programas religiosos. Esto significa que las concesiones públicas, mantenidas con impuestos públicos, están centralizadas en manos de determinados grupos religiosos en Brasil.
La “invisibilidad” de la población que sigue religiones de matriz africana en los datos oficiales fue otro punto destacado por Hédio Silva. Resalta que, a pesar de ser la segunda o tercera mayor religión del país, existe una gran subnotificación debido a la dificultad de esta población para asumir su pertenencia religiosa en el Censo. El miedo al racismo, la violencia y el prejuicio están detrás de esta actitud. “Ser macumbero en Brasil es casi un acto revolucionario”, afirma Hédio. “No tenemos la libertad ni siquiera de definir el color de nuestra vestimenta sin ser sometidos a discriminaciones y violaciones”. Una persona negra, vestida completamente de blanco, por ejemplo, corre el riesgo de ser apedreada, insultada, excluida y agredida de diversas formas, como lo demuestran numerosos casos públicos de racismo religioso.
El racismo tiene raíces muy profundas, desde la falta de políticas públicas dirigidas a la población negra durante el período posterior a la abolición de la esclavitud en 1888, lo que afecta la realidad de miles de brasileños que están completamente al margen de las inversiones públicas. Lamentablemente, las autoridades del Estado brasileño han asumido durante décadas el protagonismo en la perpetuación de violaciones y el incumplimiento de la Constitución Federal en lo que respecta a la población negra y de terreiro. Es necesario luchar para garantizar la libertad de fe y la dignidad de una población que, hasta hace poco, no tenía derecho a existir: “Debemos hacer que el diálogo sea lo más plural posible para avanzar hacia una sociedad verdaderamente democrática”, dice la abogada Vera Baroni.Principio del formularioFinal del formulario
La categorización del racismo religioso y su relevancia histórica y política
A partir de lo ya expuesto, se puede afirmar que el racismo es un hilo conductor importante para comprender las articulaciones y acciones de persecución y criminalización contra las tradiciones de matriz africana en Brasil. Sin embargo, es necesario entender la diferencia entre los distintos conceptos que han guiado el debate público sobre los casos de violencia contra los terreiros: intolerancia religiosa, racismo religioso, terrorismo y fundamentalismo, entre otros. No obstante, los participantes de este ciclo de debates defienden la categorización de la violencia histórica contra los terreiros y la sistemática persecución de sus prácticas y formas de concebir el mundo como racismo religioso. Este término trae cambios significativos en las reflexiones, concepciones y metodologías involucradas en la comprensión de la violencia religiosa.
Según Lélia Gonzalez (1988, p. 77): “sabemos cuánto la violencia del racismo y sus prácticas nos han despojado de nuestro legado histórico, de nuestra dignidad, de nuestra historia y de nuestra contribución al avance de la humanidad en los niveles filosófico, científico, artístico y religioso”. Por lo tanto, al analizar las construcciones históricas de la formación de la sociedad brasileña, debemos considerar, como ya se mencionó, las categorías de raza y racismo como centrales, debido a la herencia colonial-esclavista que nos atraviesa y nos constituye como sociedad.
Comprender el racismo como una estructura de poder arraigada en las esferas políticas, culturales, religiosas, psíquicas, simbólicas, imaginarias y sociales, que legitima la demonización y la consecuente persecución de las comunidades tradicionales de matriz africana, es urgente. El diablo cristiano, por ejemplo, es un imaginario religioso que opera como un dispositivo de deshumanización radical. La deshumanización y el desprecio son el impacto de la demonización sobre los cuerpos y tradiciones afro-religiosas. El diablo no es una máscara sin rostro, como dicen algunos especialistas, sino que en nuestra sociedad tiene cuerpo, color y género. Es un hombre negro, encarnado principalmente en la figura de Exu. Por eso Exu es el objetivo principal del neopentecostalismo. Diablos como traficantes, jóvenes negros habitantes de favelas, babalorixás o iyalorixás devotos de Exu (SILVA, 2021).
Siguiendo esta perspectiva, creemos que mirar el racismo atravesado por la religión puede ser una herramienta teórica, metodológica, epistemológica y política capaz de ampliar el significado y el sentido de las múltiples violencias perpetradas contra las comunidades tradicionales de matriz africana. Adoptar el concepto de racismo religioso permite evidenciar las dinámicas raciales implicadas en los intentos de destrucción de las comunidades de terreiro, al mismo tiempo que marca su especificidad frente a otras religiones en el contexto brasileño.
Reconociendo el extenso debate sobre el concepto de racismo, es fundamental recuperar la dimensión presentada por Abdias Nascimento en su obra O Quilombismo. Según Nascimento, el racismo sería “la creencia en la superioridad inherente de una raza sobre otra. Tal superioridad es concebida tanto en el aspecto biológico como en la dimensión psicosociocultural” (2002, p. 361-362).
Dentro de esta perspectiva, hay un documento escrito por líderes religiosos de matriz africana en la apertura de la Plenaria Nacional de los Pueblos Tradicionales de Matriz Africana, en la III Conferencia Nacional para la Promoción de la Igualdad Racial (CONAPIR), en 2013. Este documento es importante porque explicita el entendimiento de la violencia contra las tradiciones de matriz africana como una cara del racismo. Para los líderes afro-religiosos presentes en la CONAPIR:
«La intolerancia religiosa es una expresión que no refleja el grado de violencia que incide sobre los territorios y tradiciones de matriz africana. Esta violencia constituye la cara más perversa del racismo, al ser la negación de cualquier valoración positiva de las tradiciones africanas, de ahí que sean demonizadas o reducidas en su verdadera dimensión. La tolerancia no es lo que queremos; exigimos respeto, dignidad y libertad para SER y EXISTIR.»
Este fragmento reconoce la violencia dirigida a los terreiros como una cara perversa del racismo, precisamente por negar el valor de los territorios y tradiciones de matriz africana. El racismo aparece aquí como un proceso de reducción, negación y demonización que agrede intensamente las formas de Ser y Existir de matriz africana, lo que hace que la concepción de intolerancia religiosa sea insuficiente para expresar la perversidad de esta violencia. Se presenta así una concepción importante en la formulación de lo que se entiende por racismo religioso.
Por un lado, hay una noción más compleja de racismo, ya que evidencia relaciones sociales en las que el objetivo de la violencia racial son las tradiciones, costumbres, principios, vestimentas, deidades y conocimientos, en resumen, los modos de vida afrodescendientes. Por otro lado, nos permite reconocer y debatir sobre las comunidades tradicionales de matriz africana como territorios de preservación y transmisión de un complejo cultural africano negro, que va más allá de la dimensión religiosa y que, como escuchamos en los testimonios de gran parte de nuestros invitados, coincide con el reconocimiento de las religiones de matriz africana como pueblos y comunidades tradicionales, guardianes de un patrimonio cultural de toda la humanidad.
En palabras del babalorixá y profesor Sidnei Nogueira, una comunidad tradicional de terreiro:
«es un espacio quilombola que mantiene saberes ancestrales de origen africano que son parte de la identidad nacional. Un espacio de existencia, resistencia y (re-)existencia. Un espacio político. Territorio de dioses y entidades espirituales negras, a través de los cuales se busca la práctica de una religiosidad que es, al mismo tiempo, terapéutica y sociocultural, y que se orienta hacia el continente africano, cuna del mundo en el Nuevo Mundo» (NOGUEIRA, 2020, p. 24-25).
Lo que las sociedades occidentales cristianas clasificaron como religión no solo concierne al espacio de experiencias de espiritualidad, rituales y devociones de los pueblos afro-pindorámicos, sino también a su identidad colectiva, a sus valores socioculturales, a su comprensión del mundo, de la humanidad, de la naturaleza, de la comunidad y de la vida, que eran y son distintos. La negación y el aniquilamiento del “Otro” fueron recursos utilizados para afirmarse a sí mismos.
El filósofo Wanderson Flor do Nascimento ha desarrollado el concepto de “racismo religioso” para reflexionar sobre las diversas formas de agresión dirigidas a las religiones de matriz africana. Según él, la intolerancia religiosa contra las comunidades de terreiro es otra expresión del racismo, ya que:
“Lo que se ataca es precisamente el origen negro africano de estas religiones. Por eso veo una estrategia racista en demonizar las ‘religiones’ de matriz africana, haciendo que aparezcan como el gran enemigo a ser combatido […]. Por lo tanto, lo que visualizamos bajo la forma de intolerancia religiosa no es más que una faceta del pensamiento y la práctica racistas que podemos llamar racismo religioso«. (NASCIMENTO, 2016, p. 168).
Existe una amplia historia de persecución de la cultura afrobrasileña en Brasil, desde el período colonial hasta la actualidad. Un proceso de persecución y violencia que, a lo largo del tiempo, se ha manifestado tanto tácita como explícitamente, cuyo objetivo es su origen negro africano. Por lo tanto, es una manifestación del racismo cuyo objeto son las formas de vivir y existir de los afrodescendientes.
Dicho esto, cabe una consideración sobre el posible cuestionamiento de que este concepto sea limitado, ya que enfatiza el condicionamiento de la violencia religiosa en función del color de la piel de los individuos. En este caso, surge la pregunta: ¿cómo decir que una persona no negra, adepta de religiones de matriz africana, sufre “racismo religioso”? Según lo ya argumentado, las agresiones y persecuciones sufridas por personas blancas de terreiro son el resultado de portar en su cuerpo insignias y ornamentos de origen negro africano:
“El proceso de inferiorización, subalternización, borrado y aniquilación de un sistema cultural civilizatorio negroafricano amalgamado en las religiones de matriz africana; la supresión de una forma de existencia de un pueblo. Es el intento de destruir una forma de Ser, Ver y Existir en el mundo» (OBALERÁ, 2018, p. 148).
De esta manera, clasificar el proceso sistemático de persecución de las religiones de matriz africana como “intolerancia religiosa”, comparándolo con la hostilidad sufrida, por ejemplo, por otros grupos religiosos, como los cristianos en el contexto brasileño, es minimizar e invisibilizar la gravedad y complejidad de este problema social, que trasciende las dimensiones meramente espirituales/devocionales/ritualísticas de los pueblos de terreiro. Más que un cambio semántico, el uso de la categoría racismo religioso en lugar de intolerancia religiosa es también un ejercicio político y conceptual para interpretar y enfrentar el crimen de violencia religiosa contra las religiones de matriz africana, a partir de la singularidad histórica brasileña, así como la concepción de estos espacios sagrados como patrimonio cultural nacional.
Los participantes del Ciclo de Debates sobre Racismo Religioso, a lo largo de todos los encuentros del proyecto, argumentaron que, en el caso de las violencias que afectan a las tradiciones de origen africano en Brasil, llamadas religiones, pero que son mucho más que eso y parte constitutiva de la vida de sujetos humanos, el componente nuclear es el racismo. En este caso, se parte del entendimiento de que el objeto del racismo no es una persona en particular, sino una forma de existencia. “Se trata de la negación de una forma simbólica y semántica de existir, de ser y estar en el mundo” (NOGUEIRA, 2020, p. 91), de un racismo que, por lo tanto, incide más allá del genotipo o fenotipo individual, pero en la propia cultura (tradiciones de origen negro africano).
Ya sea en el período colonial, en el Imperio, en la República o en la actualidad, la criminalización continúa. Lúcia Xavier afirma, durante la transmisión en vivo que inaugura el Ciclo de Debates, que la persecución de las religiones de grupos vulnerables es un proceso histórico que se ha establecido como una práctica de control/subordinación de la sociedad hacia estos grupos. En relación con las tradiciones de matriz africana, este proceso ha sido históricamente genocida y violento. Pues, para dominar a los grupos negros, fue necesario atacar su humanidad. En los últimos años, los ataques se han intensificado en la sociedad civil, ya sea con el protagonismo de algunas denominaciones de iglesias evangélicas o de grupos armados, como traficantes de drogas y milicianos. El Estado sigue en la misma red genocida, ya que, si no hay una ley que salvaguarde las manifestaciones religiosas de matriz africana, la forma en que las instituciones lidian con estos grupos continúa creando y reforzando violencias.
Este texto es un trecho traducido al español del e-book «Racismo Religioso: novas lentes às violações relacionadas à crescente tensão entre liberdade religiosa e liberdade de expressão e crença» que resume los contenidos de un ciclo de debates organizado por las ONGs brasileras Criola, Conectas e Portal Catarinas. El libro original se puede descargar aquí. Se puede acceder a los videos de los debates a través de los links provistos en el libro.
Las fotos (salvo la primera) son de movilizaciones al Congreso Nacional realizadas por lxs afroumbandistas argentinxs en reivindicación de sus derechos.
Otro texto en español de Carolina Rocha sobre racismo religioso se puede ver aquí.
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