por María Pilar García Bossio (UCA/CONICET)
En Argentina, como en todo el mundo, la pandemia del covid-19 llevó a los Estados a tener que regular las acciones que se llevan a cabo en distintos espacios sociales, tanto públicos como privados, a fin de contener el avance del virus. Para eso, cada país impulsó una serie de medidas, muchas de las cuales se encontraron con avances y retrocesos ante las propias políticas gubernamentales; el progreso de una enfermedad de la que no se tenía registro y por eso no se podía prever cómo evolucionaría; y los distintos grados de legitimidad que los Estados pudieron mantener en relación con las medidas sanitarias. En este punto fue, y es, fundamental el apoyo de ciertos sectores de la sociedad civil, pues si estos resisten a las medidas sanitarias esto impacta directamente en la sociedad en su conjunto.
Como distintas investigaciones han dado cuenta para nuestro caso local[1] (Flores 2020; Mauro y Fabris 2020; Giménez Beliveau 2021) Argentina tuvo un alto acatamiento de las medidas sanitarias sobre todo en la primera etapa de ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio), que se fue debilitando en las etapas de DISPO (Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio) (Semán y Wilkis 2021). La nueva ASPO decretada en abril de este año es quizás en uno de sus puntos de legitimidad más débil de las medidas, incluso cuando avanzan velozmente los planes de vacunación y se han acallado mediáticamente (aunque no han desaparecido) algunos sectores antivacunas con mucha presencia el año pasado (Viotti 2020).
Este recorrido de gran acatamiento, a cierta flexibilización, a cuestionamiento de las medidas, pero sin dejar de tener cierto grado de cumplimiento, ha marcado a distintos sectores sociales, y en este sentido también ha impactado en las comunidades religiosas. En nuestro país, a diferencia de otros pares latinoamericanos, las religiones acataron en su mayoría las medidas sanitarias desde el inicio (Flores 2020) y evitaron los discursos encantados, poniendo sus recursos materiales y espirituales al servicio de las disposiciones de aislamiento (Mauro y Fabris 2020). Así migraron, de formas más o menos sencillas y exitosas, gran parte de los ritos y encuentros religiosos a modalidades virtuales (Flores 2020), a la vez que desplegaron sus herramientas de asistencia social y trabajo territorial, habilitando lugares de culto para atender a personas con covid-19 o para organizar puestos de vacunación, y conteniendo las situaciones de carencia económica que vinieron aparejadas a la pandemia, lo que fue reconocido y agradecido por los distintos niveles de gobierno (Giménez Béliveau 2021).
Sin embargo, pronto comenzaron algunas fricciones en la medida en que distintas religiones, y sobre todo las jerarquías católicas y de federaciones evangélicas como ACIERA miraban con recelo lo que consideraban una falta de reconocimiento estatal de las particularidades del hecho religioso (Mauro y Fabris 2020), aunque esto no impidió que se siguieran respetando las restricciones, y que se sancionara a los grupos que dentro de cada una de estas religiones presentaban posiciones desafiantes ante las medidas sanitarias. Este posicionamiento con ciertas características homogéneas entre los grupos religiosos se fue complejizando con la llegada del DISPO y la posibilidad de realizar celebraciones religiosas, pues por un lado estas prácticas se unificaron con otras actividades sociales y culturales; y por otro comenzó a producirse un desfasaje entre lo estipulado a nivel nacional, las adaptaciones a niveles provinciales y lo que finalmente ocurría a nivel local. A esto debía sumarse que instituciones religiosas con más peso específico en el entramado estatal, principalmente la Iglesia Católica, comenzaron a presionar los límites impuestos por el Estado.
Frente a esta nueva situación varias provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comenzaron a elaborar protocolos de acción para las comunidades religiosas, a fin de establecer algunos criterios básicos sobre lo que era posible o no hacer, y sobre los aforos de los lugares de culto. Así, en un primer momento se permitió la apertura de los templos o lugares de culto para oración individual, y en septiembre de 2020 se permitió el retorno a las celebraciones, con distanciamiento, barbijo en todo momento, entre otros recaudos, de hasta 20 personas (Decisión Administrativa Nacional 1738/2020), que en octubre incluyó 20 personas más al aire libre. Para principios de diciembre la Dirección General de Entidades y Culto de la Ciudad de Buenos Aires comunicaba que ampliaba el aforo a un 30% de ocupación en los templos de la Ciudad, con un máximo de entre 250 y 500 personas según las condiciones edilicias de ventilación. De todas maneras, las grandes celebraciones, como la peregrinación juvenil a Luján que se realiza en octubre (Giménez Béliveau 2021), o las fiestas de la Mae Oxúm y Iemanjá que se realizan (entre otros lugares) en la ribera de Quilmes en diciembre y febrero, fueron adaptadas al formato virtual, manteniendo una presencialidad mínima de los líderes religiosos en los lugares sagrados para esas fiestas.
A partir del inicio de las aperturas empezaron a generarse ciertas tensiones, sobre todo entre zonas con distintas fases epidemiológicas y donde las regulaciones entre distintos niveles de gobierno comenzaban a registrar zonas grises que se iban acumulando hasta llegar al nivel local. En este punto me quiero concentrar en las oficinas de culto en los tres niveles (nacional, provincial y municipal en los casos en que existen), su función en este contexto y la forma de su acción, para identificar posibles caminos de acción.
Regular desde el Estado a las religiones en Argentina
En términos administrativos Argentina tiene a nivel nacional una Secretaría de Culto, perteneciente al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Entre otras funciones, orientadas a vínculos internacionales en materia de libertad religiosa y con el Vaticano, es la Secretaría la encargada a nivel nacional de centralizar las gestiones que tanto la Iglesia Católica (en su carácter de persona jurídica pública) como las otras religiones (inscriptas en el Registro Nacional de Cultos que pertenece a esta dependencia) realizan frente al Estado. A su vez “asesora a cualquier funcionario del gobierno que requiera asistencia en cuestiones de índole religiosa y entiende en lo concerniente a reuniones, misiones, congresos y conferencias nacionales e internacionales en materia religiosa y/o de culto”[2].
Se entiende, por tanto, que debiera ser la encargada de asesorar en términos de actividades religiosas a las y los especialistas que redactan las medidas de restricción sanitaria. Si bien en la página de la Secretaría y en sus redes sociales se puede observar que el Secretario y otros agentes han mantenido reuniones periódicas con las principales autoridades religiosas a nivel nacional, no hay información específica sobre las religiones en relación a las restricciones del ASPO y DISPO, más allá de la información producida para toda la población y publicada desde las redes sociales de la Casa Rosada.
A nivel provincial, la mayoría de las provincias argentinas tienen direcciones u oficinas de culto, encargadas de gestionar las relaciones de las religiones con el gobierno provincial, y en muchos casos funcionan como mesa de enlace para la inscripción en el Registro Nacional de Cultos. Quiero concentrarme en la provincia de Buenos Aires que es el caso que conozco en profundidad. La Dirección Provincial de Culto, funciona desde 2001, dependiendo de la Secretaría General de la gobernación. En 2015 pasó a llamarse Dirección Provincial de Cultos (en plural), cambiando de director. En 2018 pasó a ser Área de Cultos (es decir, perdió jerarquía), y en 2019 con el nuevo cambio de gestión parecía que retornaba a ser Dirección Provincial de Cultos. Sin embargo, desde el inicio de la nueva gestión se encuentra acéfala, e incluso figura duplicada si la buscamos en internet: por un lado como Dirección Provincial de Cultos dentro de la Secretaría General (posición que tenía antes de su desjerarquización en 2018)[3], y por otro como “Culto” (sin especificar jerarquías y en singular) en la Jefatura de Gabinete dentro de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales[4], siendo esta última su ubicación actual en el organigrama estatal.
Ahora bien, debemos tener en cuenta que, por las características de la autonomía municipal de la provincia de Buenos Aires, Culto solo tiene injerencia directa en aquello que compete a legislación o trabajo coordinado con organismos provinciales, pero no puede interferir en el funcionamiento de los municipios mientras estos no estén violando leyes de mayor jerarquía. Si esto ha sido en la historia de la Dirección un elemento complejo, pues ha dificultado la articulación con el territorio, no sería el caso en esta situación, donde le correspondería ser la que transmita las medidas tomadas por el gobierno provincial en consonancia con el gobierno nacional en torno a las restricciones sanitarias. Sin embargo, no ha tenido un rol protagónico en este proceso, y si bien produjo protocolos de acción para mediados del año pasado, no ha mantenido un accionar continuado que la establezca como referente para las unidades locales de gobierno.
Finalmente, a nivel local nos encontramos con que existen 35 direcciones u oficinas de culto entre los 135 municipios bonaerenses, concentradas mayormente en el conurbano, mientras que, en los 100 municipios restantes, aún sin oficinas específicas, se han producido algunas indicaciones generales respecto a la pandemia. Si durante la flexibilización de la que llevó a una situación de DISPO en la mayoría de las localidades de la provincia hubo ya algunas tensiones respecto a la apertura de los lugares de culto y las actividades permitidas, el cierre iniciado a mediados de abril de 2021 generó aún más tensiones.
En ese momento se había estipulado un máximo de 10 personas en las celebraciones religiosas, que solo podrían hacerse al aire libre. Tras un reclamo iniciado por el Arzobispo de La Plata, y luego secundado por todos los obispos católicos del conurbano bonaerense, se extendió ese número a 20 personas, hasta el cierre total entre el 22 y el 30 de mayo, que incluyó también el fin de semana del 5 y 6 de junio, y que llevó nuevamente a la situación de virtualidad religiosa del inicio de la pandemia.
Para aquellos municipios que cuentan con oficinas de culto el trabajo diario se ha intensificado, pues si pensamos que el Estado no es un todo monolítico sino que cristaliza en instituciones, leyes, políticas públicas y agentes estatales, las directoras y directores se han convertido en la cara visible del Estado para las religiones, tanto para las comunidades de fe cuya representación está circunscripta solo al territorio municipal (por ejemplo pequeñas iglesias que no forman parte de las grandes federaciones), como para los y las líderes religiosos que, perteneciendo a iglesias o religiones de alcance más regional o nacional, ven su día a día atado a las disposiciones municipales. Además, por lo general estas oficinas cuentan con poco personal, que en este contexto se ve afectado muchas veces en otras tareas asociadas a la contención de la pandemia, por lo que el trabajo se vuelve aún más complejo sobre todo para localidades con una alta densidad de iglesias y religiones en su territorio.
Estas oficinas están insertas en entramados políticos y regionales específicos, y por lo general ocupan un lugar muy periférico en los organigramas municipales, lo que hace que si desde provincia o nación no les envían especificaciones claras para las religiones, deban hacer un proceso que lleva varios días tras los anuncios nacionales, de filtrado de la documentación a fin de identificar los criterios que se establecen para regular las actividades religiosas, y luego sobre eso definir los puntos que no están detallados. Esto hace que cada municipio tenga un cierto margen de discrecionalidad, produciendo nuevas tensiones con las comunidades en su territorio cuando, por ejemplo, un municipio ha tomado medidas más habilitantes que otro. Un punto para ejemplificar esto está asociado a la posibilidad de transmitir por streaming las celebraciones religiosas desde los lugares de culto: mientras algunos municipios lo han prohibido en fase 1 (la más restrictiva), otros municipios comprenden que el hecho de que el líder religioso se traslade al templo para hacer la transmisión no implica un riesgo, siempre que no abra a los fieles, sino que únicamente transmita desde allí. Esta es una mirada que entiende la complejidad de la realidad de las religiones, y que decide sobre un piso razonable sin generar nuevos riesgos.
Simultáneamente las direcciones municipales han buscado mantener actividades de ligazón con la comunidad, a través de charlas y capacitaciones virtuales, como una forma también de seguir legitimando su espacio incluso cuando no pueden dar respuestas a preguntas que escapan a su jurisdicción, como los criterios que se toman para la habilitación o no de celebraciones religiosas, o la constitución de algunos protocolos que se produjeron desde la provincia el año pasado, pero que tuvieron una aceptación dispar pues para muchas comunidades religiosas no habían contemplado las particularidades de sus ritos y prácticas.
Entonces, ¿por qué considero que en este contexto es importante una Dirección Provincial de Cultos fuerte? Fundamentalmente porque en la actualidad, donde los decretos en torno al DISPO y al ASPO son de nivel nacional, pero dejan espacio de adaptación a cada caso provincial, es fundamental que exista un espacio de articulación entre las religiones y el Estado en este nivel subnacional, que conociendo la complejidad y heterogeneidad del territorio, pueda dar respuesta a las necesidades de las comunidades religiosas a la vez que aprovechar su expertise en el área de acción social y salud, sobre todo en un momento de recursos escasos. En este sentido sería muy útil poner en funcionamiento la capacidad ya establecida a través de consultas a las direcciones de culto locales, que ante la falta de criterios unificados han comenzado a articular entre ellas a de forma horizontal, pero que están buscando establecer vínculos perdurables con su par provincial. Si se retoma su experiencia de trabajo, y se suma a ello espacios consultivos con las federaciones, asociaciones y conferencias religiosas, y con espacios interreligiosos y ecuménicos, que pueden brindar información útil, es posible redactar protocolos y proyectar acciones que eviten la propagación del virus, pero devuelvan a las comunidades religiosas algo de la sociabilidad perdida, a la vez que las haga sentirse reconocidas en su tarea. De esta manera probablemente no cambien en gran medida las acciones que se están llevando a cabo, pues estas responden en general a criterios epidemiológicos, pero la construcción de las mismas desde un consenso informado va a colaborar a la reconstrucción de una legitimidad de la gestión estatal de la pandemia hoy debilitada, sobre todo ante un horizonte que es alentador pero que requiere aún de un tiempo extendido de aislamiento.
La mayoría de las religiones no quieren ni desacatar las restricciones nacionales, provinciales y municipales, ni desacreditar el plan sanitario. Lo único que quieren es ser escuchadas en la toma de decisiones que les competen, de forma tal de llegar a acuerdos razonables y realizables. Si lo que se espera desde el Estado es construir un país más plural, regular con las religiones y no a sus espaldas en este tema que les compete de forma tan directa, y que entra a sus espacios de culto y sus prácticas de fe, es una necesidad. No hacerlo no elimina la práctica religiosa, y alimenta las desigualdades entre religiones con más capacidad de presión y otras con menos, a la vez que dificulta hacia el interior de las comunidades y asociaciones la conservación de una unidad de prácticas respecto al culto y la pandemia, y desgasta la legitimidad de las oficinas estatales de culto locales, que son la cara visible del Estado en el cotidiano.
Conocer sobre quiénes se está regulando y legislando es marca de una buena gobernanza. En todos los niveles de gobierno existen oficinas cuya función fundamental se supone es la regulación estatal de lo religioso, y que, si bien requieren aún de procesos de capacitación mayor, cuentan con una expertise en el trabajo territorial que debe ser reconocida y consultada. A corto plazo se necesita funcionarios y funcionarias capaces de interpelar a las religiones en su territorio, y desde abajo hacia arriba producir soluciones realistas que no atenten contra la salud pública ni contra la libertad religiosa.
Citando una frase clásica de Durkheim en Las formas elementales de la vida religiosa [1912]: El fiel que ha comulgado con su dios no es solamente alguien que ve nuevas verdades que el no creyente desconoce, sino un hombre [una persona] que puede más. Es alguien que se siente con más fuerza, ya sea para soportar las dificultades de la existencia, ya sea para vencerlas. En cierto modo se eleva por encima de las miserias humanas porque está por encima de su condición de hombre y cree que está a salvo del mal, sea cual sea la forma en que lo conciba. En este contexto de tanta incertidumbre la religión, la espiritualidad y las creencias son para muchos un puerto seguro. En nuestro país la mayoría de las comunidades religiosas entienden que de la pandemia solo se saldrá con medidas sanitarias, por lo que no piden algo que ponga en peligro a sus miembros ni a la sociedad en su conjunto, solo piden ser escuchadas, respetadas y comprendidas para seguir aportando esperanza y soporte ante una crisis de la que solo se saldrá colectivamente, con acción estatal y compromiso social.
Referencias bibliográfícas
Flores, F. (2020). Espacialidad y religiosidad en tiempos de covid-19: apuntes preliminares desde la geografía de las religiones. Espaço e Cultura, 0(47), 37 – 54.
Giménez Béliveau, V. (2021) Catholicism in Day-to-Day Life in Argentina During a Pandemic Year: Blurring the Institutional Boundaries. Int J Lat Am Relig.
Mauro, D. y Fabris, M. (2020) Cristianos ante la pandemia. La intervención no es divina. Anfibia.
Semán, P. y Wilkis, A. (2021) A un año del ASPO. Divididos por la pandemia. Anfibia.
Viotti, N. (2020) Creencia y negacionismo científico en tiempos de COVID 19. Blog Diversa.
[1] Este blog tiene una etiqueta, COVID-19 que nuclea todos los artículos que se han escrito sobre el tema en el portal. Recomiendo su lectura para tener una mirada más acabada de las distintas aristas de la relación entre religión y pandemia.
[2] https://www.cancilleria.gob.ar/es/ministerio-de-relaciones-exteriores-comercio-internacional-y-culto/secretaria-de-culto
[3] https://www.gba.gob.ar/secretariageneral/subsecretariageneral/%C3%A1reas_de_trabajo
[4] https://www.gba.gob.ar/jefatura/rrii/culto
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