Introducción al libro «Sexo, drogas y religión: Debates y políticas públicas sobre drogas y sexualidad en la Argentina democrática»

por Daniel Jones (UBA/CONICET)

Los trabajos que componen este libro se basan en investigaciones sobre fenómenos que tienen como coordenadas espacio-temporales la Argentina democrática reciente, con particular énfasis en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Algunos capítulos (como el de Marcos Carbonelli y el de Mónica Di Risio) comienzan su análisis con el retorno de la democracia en 1983, mientras que otros (como el de Santiago Cunial y el de Ana Laura Azparren, Analía Quintáns y Geraldina Dana) se concentran en un período más reciente, las presidencias de Cristina Fernández de Kirchner, desde 2007 a 2015.

En el capítulo 1, “Las tramas político-religiosas durante la consolidación democrática en Argentina. Continuidades y rupturas”, Marcos Carbonelli se propone responder en qué sentido el advenimiento democrático en 1983 reconfiguró (o no) las relaciones político-religiosas en el espacio nacional. Mediante un relevamiento crítico de los estudios sobre religión y política en Argentina, focalizado en las intervenciones de sectores católicos y evangélicos, el autor sostiene que la consolidación del régimen democrático no modificó la morfología general de la matriz histórica de relaciones político-religiosas preexistente a 1983, pero identifica la emergencia de una serie de novedades.

Así como se mantienen la hegemonía del catolicismo, la receptividad de la clase política a las demandas de actores religiosos, la reproducción de la cultura de la subsidiariedad y la ineficacia religiosa en la arena electoral (rasgos propios de la mencionada matriz histórica), post 1983 se da la inclusión de nuevas agencias religiosas en la esfera públicopolítica (principalmente, grupos evangélicos), una mayor receptividad de la clase política a demandas sociales alternativas al catolicismo hegemónico (como las de minorías sexuales y religiosas), una modulación del discurso religioso según las reglas del debate democrático y un menor costo en la disidencia religiosa.

En el capítulo 2, “Ley de divorcio vincular (1987) y ley de matrimonio igualitario (2010): actores evangélicos y Estado en el período democrático reciente”, Mónica Di Risio parte de la hipótesis de que la inserción del protestantismo en los debates sobre el matrimonio fue nodal tanto en su construcción identitaria en el espacio religioso total como en sus disputas internas. Para sustentarla, desarrolla un relevamiento y análisis de noticias (de prensa nacional y periódicos religiosos) y de declaraciones de actores involucrados en la discusión y sanción de la ley de divorcio, y los compara con la vasta producción académica sobre las intervenciones públicas de actores religiosos en general y específicamente protestantes en referencia a la ley de matrimonio igualitario.  Algunas de sus conclusiones se acercan a las del capítulo de Marcos Carbonelli: la autora sostiene que ambos debates explorados demuestran la vigencia de pensar el entrelazamiento entre religión y política en Argentina (como lo reflejan los encuentros regulares entre dirigencia política y actores religiosos, y las movilizaciones públicas dinamizadas por estos últimos), y la complejidad de un proceso de secularización más adecuado a una laicidad subsidiaria (Esquivel, 2011 y 2015; Mallimaci y Esquivel, 2014), una categoría retomada por los diferentes trabajos que componen este libro. Di Risio concluye que mientras que el protestantismo histórico o liberal tuvo en las discusiones de ambas leyes ocasiones para afirmarse en el escenario religioso y político a través de la defensa de derechos (un elemento constitutivo y rearticulador de su identidad a lo largo de su trayectoria), para el conservadorismo evangélico el debate sobre el matrimonio igualitario constituyó una oportunidad de consagrarse en la escena pública, reactualizando antiguas disputas de poder dentro del protestantismo y con la Iglesia Católica.

En el capítulo 3, “Acciones desde abajo, argumentos desde arriba: la Iglesia Católica y la despenalización del consumo de drogas en Argentina (2009-2014)”, Santiago Cunial presenta la evolución de las políticas de drogas en el país, hasta llegar al debate legislativo reciente sobre su despenalización y analizar el papel de la Iglesia Católica en ese proceso político. El capítulo se basa en una combinación de datos cualitativos y cuantitativos, desde encuestas disponibles, fuentes secundarias tales como proyectos de ley, informes de ministerios y organizaciones no gubernamentales, y prensa gráfica, hasta entrevistas a informantes clave (decisores políticos, activistas y miembros de organizaciones que hayan participado del debate en cuestión). El autor argumenta que la decisión del partido gobernante (el Frente Para la Victoria) de bloquear el proyecto en comisión parlamentaria se fundó en que el tema movilizó a un actor de la sociedad civil que interpelaba a una porción del electorado del oficialismo: la Iglesia Católica. Esta se atribuyó una autoridad moral sobre la cuestión del uso de drogas que la convirtió en propietaria del problema: se valió de su trabajo en los barrios para deslegitimar al gobierno que promovía la reforma legislativa y presentarse ante la ciudadanía como el actor capaz de resolver la cuestión. Frente al avance de los proyectos de despenalización, la Iglesia Católica se movilizó en contra de la propuesta del gobierno, que optó por posponer el debate y aplazar así, en un año electoral como 2013, la aprobación de una ley contraria a los intereses de sectores católicos.

En el capítulo 4, “Despenalización del consumo de drogas: debates al interior del catolicismo (2009-2015)”, Ana Laura Azparren, Analía Quintáns y Geraldina Dana también abordan la mencionada discusión sobre la despenalización, pero concentrándose en las controversias entre diferentes actores católicos que se pronunciaron sobre la cuestión. Específicamente, analizan los posicionamientos de dos grupos de sacerdotes con posturas contrapuestas y argumentos diferenciales: el Equipo de Sacerdotes para la Pastoral de las Villas de Emergencia (conocidos popularmente como curas villeros) y el Grupo de Curas en la Opción Preferencial por los Pobres (curas OPP). El capítulo se sustenta en una estrategia cualitativa de sistematización y análisis de noticias sobre la despenalización del consumo de drogas en diarios de alcance nacional, declaraciones y documentos de los dos grupos católicos, y entrevistas a informantes clave (referentes de ambos grupos, ex funcionarios del gobierno kirchnerista y miembros de ONG que han participado del debate en cuestión). Las autoras identifican que la principal preocupación histórica del equipo de curas villeros estuvo puesta en la problemática del consumo de drogas y se manifestaron en contra de su despenalización, en articulación con la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y el arzobispo de Buenos Aires Jorge Bergoglio (en 2013 ungido como papa Francisco). En cambio, los curas OPP sólo se pronunciaron pública y favorablemente sobre la despenalización cuando desde sectores eclesiales se cuestionaron los posicionamientos de apertura de la gestión del sacerdote Juan Carlos Molina en la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), como parte de un gobierno kirchnerista al que los curas OPP apoyaron en otras medidas. La postura oficial de la jerarquía católica estuvo representada por distintos actores (curas villeros, CEA y Bergoglio/Francisco) que detentan legitimidades provenientes de distintas fuentes, intentando proyectar una posición católica unificada contraria a la despenalización, algo que obstaculizó los debates legislativos en esta materia durante el período analizado, como explica Santiago Cunial en este mismo libro.

Ambos capítulos reflejan cómo la lógica de la subsidiariedad no sólo informa la acción de los sectores religiosos sino también la de la dirigencia política. Fortunato Mallimaci y Juan Esquivel (2014) afirman que el Estado argentino se caracteriza por una laicidad subsidiaria: en paralelo a la aprobación de nuevos derechos ciudadanos que contradicen principios doctrinales del catolicismo (principalmente en materia de familia y sexualidad, como analiza el trabajo de Mónica Di Risio), continúa articulando fuertemente con la Iglesia Católica para la implementación de políticas públicas. Esto resulta particularmente evidente en la asistencia de los consumos de drogas, como expresan la designación del sacerdote Juan Carlos Molina al frente de la SEDRONAR y, sobre todo, la decisión de financiar a los centros barriales de los curas villeros desde distintas agencias estatales, tanto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como del Estado nacional.

Estas organizaciones católicas no son las únicas que reciben reconocimiento institucional y apoyo económico de parte del Estado para implementar políticas de drogas. Precisamente, el capítulo 5, “La salud en la abstinencia: sexualidad en los dispositivos religiosos de tratamiento para consumos de drogas en el Área Metropolitana de Buenos Aires”, de Daniel Jones y Paloma Dulbecco, explora diversas instituciones con orientación religiosa y/o espiritual de atención por consumo de drogas del AMBA, para indagar qué lugar ocupa la sexualidad en los diagnósticos y en las propuestas para su tratamiento. Una idea fuerza que orienta el capítulo es que las experiencias sexuales son consideradas relevantes para explicar el consumo problemático de drogas, de ahí que las prescripciones sobre sexualidad sean vistas como fundamentales para recuperarse de este.

Basándose en entrevistas a referentes de estas instituciones (directores, líderes religiosos, operadores comunitarios y profesionales de la salud) y personas en tratamiento en ellas, Jones y Dulbecco sostienen que en su doble condición de dispositivos terapéuticos y organizaciones religiosas o espirituales, estas iniciativas procuran regular los cuerpos y los comportamientos no sólo en relación con las drogas sino también alrededor de la sexualidad. Para justificar sus prohibiciones y recomendaciones al respecto, casi no apelan a argumentos explícitamente religiosos o espirituales, sino que prevalecen aquellos sobre la efectividad terapéutica, como no distraer tiempo y energías de la recuperación de las drogas involucrándose en relaciones sexuales o amorosas. En este marco, aunque los referentes institucionales plantean críticas a situaciones de pareja y familiares que habrían conducido al uso de drogas, la idea de formar una pareja (heterosexual) y una familia (nuclear), una vez garantizada cierta estabilidad en la recuperación, es considerada una parte nodal de la contención de por vida que precisa un consumidor problemático de drogas.

Fragmento de la introducción. El libro entero se puede bajar gratuitamente (sólo es preciso registrarse) de aquí

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Daniel Jones

Daniel Jones

Doctor en Ciencias Sociales y Licenciado en Ciencia Política (UBA). Investigador Adjunto del CONICET. Profesor Regular Adjunto de la Carrera de Sociología, docente regular en la Carrera de Ciencia Política y profesor del Doctorado en Ciencias Sociales (UBA). Desde 2000 trabaja sobre temas de salud, sexualidad, género, juventud, religión, política y metodologías de investigación.
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