por Renée de la Torre (Profesora-Investigadora CIESAS Occidente, México)
Visto desde afuera, a menudo se asume que México es uniformemente cristiano y católico en su historia y cultura actual. Pero la historia de México incluye un fuerte estira y afloja entre las fuerzas religiosas y seculares, uno que hoy está entrando en un nuevo capítulo.
El campo religioso mexicano transita actualmente del catolicismo monopólico a la diversidad cristiana. Esta nueva condición requiere políticas que promuevan una cultura pluralista [1] y nuevos modelos de colaboración entre las iglesias y el Estado. Al mismo tiempo, México vive en el umbral histórico entre un laicismo radical basado en el principio de separación Iglesia-Estado y un nuevo laicismo más matizado. No está claro si este umbral de cambio de su laicidad se dará bajo un modelo cooperativo entre el Estado y las iglesias, si éste sucumbirá a las presiones de grupos cristianos que demandan libertad religiosa, o si estamos asistiendo a la reanudación de un viejo conflicto anticlerical.
Antecedentes históricos: del anticlericalismo al separatismo Iglesia-Estado
La laicidad en México se refiere a un régimen social que regula la relación entre las iglesias y el Estado. Este régimen de separación ha sido implementado para contrarrestar la abrumadora influencia histórica de la Iglesia Católica en casi todas las esferas públicas.
A principios del siglo XIX, México se independizó de la corona española. En 1854, se reformó la Constitución para quitarle poder a la Iglesia Católica, incluyendo nuevas leyes para gobernar bajo un principio restrictivo de separación de Iglesia y Estado.
A principios del siglo XX, la aplicación de las leyes provocó medidas anticlericales que enfrentaron al Ejército con los católicos (1926-1929). El acuerdo de paz no fue para modificar la Constitución, sino para acabar con las leyes anticlericales a cambio de que la Iglesia Católica dejara de intervenir en política. Durante el siglo XX se frenó la persecución religiosa y se mantuvo el principio de laicidad restrictivo en la educación oficial, el sistema de salud pública, la política formal y electoral y los medios de comunicación.[2]
Durante más de setenta años, la laicidad de México interrumpió las relaciones diplomáticas con el Vaticano y desconoció legalmente la existencia de asociaciones religiosas. Aunque el gobierno siguió permitiendo las ceremonias religiosas públicas (en un país con una profunda tradición peregrina y festiva), había normas que prohibían los derechos ciudadanos a algunas personas religiosas. Por ejemplo, los pastores y sacerdotes no podían votar en las elecciones, también estaba prohibido que el clero religioso usara hábitos en la vía pública. Durante estos años, la jerarquía católica, con el apoyo de movimientos laicos (considerados el brazo largo de la jerarquía), organizó cruzadas nacionales exigiendo derechos ciudadanos y libertades religiosas.[3]
A partir de la década de 1990, algunas de estas restricciones fueron modificadas. En 1991 se restablecieron las relaciones diplomáticas con el Estado Vaticano, y en 1992 se reconoció la personalidad jurídica de las asociaciones religiosas y se fundó la Dirección General de Asociaciones Religiosas de México; pero principalmente se reconocieron legalmente los siguientes derechos civiles: la manifestación de la religión en espacios públicos (por ejemplo, misas, fiestas y peregrinaciones) y el reconocimiento del derecho de los sacerdotes y párrocos a votar. Se mantuvo el proyecto de escuelas públicas laicas pero se permitió la existencia de las escuelas confesionales. La Dirección de Asuntos Religiosos autorizó a las Asociaciones Religiosas (AR) a poseer bienes, aunque se mantuvo la restricción de que participaran en la propiedad de los medios de comunicación a las asociaciones religiosas, y no se permitió a los pastores de culto y sacerdotes ocupar cargos políticos o de elección popular.
Esta coyuntura marcó una nueva etapa de modernización y apertura hacia el pluralismo religioso en el que las asociaciones religiosas minoritarias se organizaron para ganar el mismo reconocimiento para todas las religiones.
Diversidad religiosa y discriminación
El catolicismo ocupó una posición de monopolio en México hasta 1970. A partir de esa década, el catolicismo decayó lenta pero paulatinamente. México, junto con Paraguay, es el país con mayor porcentaje de católicos en América Latina y no ha experimentado el avance de los evangélicos mostrado en otros países de la región (Pew Research Center 2014). [4]
Eso no implica que la Iglesia Católica sea ajena al cambio. En el último censo nacional (INEGI 2020), los católicos descendieron al 77,7% de la población, manteniendo un estatus de religión mayoritaria y dominante, pero ya no la única. Al mismo tiempo, los evangélicos aumentaron al 11,2%. Este grupo está fragmentado internamente: según los registros del Departamento de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior, hay más de 3.000 asociaciones religiosas . También han crecido los no afiliados a ninguna religión (10,6%), aunque la mayoría son creyentes sin iglesia. Finalmente, existen otras religiones minoritarias, pero juntas no representan ni el 1% de la población. [5]
México está experimentando un movimiento lento pero constante hacia una sociedad religiosamente diversa. Esto exige cambios en su tradición secular. Primero, las leyes deben incluir a todas las religiones, evitando el trato privilegiado a la iglesia mayoritaria. En segundo lugar, el Estado debe promover una cultura de pluralismo y respeto por las diferencias, lo cual es urgente considerando que, en México, según la Encuesta de ENADIS 2017,[6] la privación de derechos de las minorías religiosas es la segunda causa de discriminación. En tercer lugar, debe respetar tanto las libertades religiosas como las seculares. Esta situación representa un área de tensión entre los movimientos cada vez más activos que exigen libertades sexuales (feministas y LGBT+) y las cruzadas ideológicas profamilia, provida y antigénero que han formado alianzas sin precedentes entre evangélicos y católicos conservadores.
El laicismo subjetivo de México
Como lo planteó el sociólogo francés Jean Paul Willaime [7] el laicismo no sólo se logra a través de leyes e instituciones, sino sobre todo con la racionalización de la moral. Esto implica que lo religioso pierde plausibilidad, y la doctrina moral va cediendo paso a la ética secular que se rige por el cálculo de las consecuencias y no por el apego a las convicciones. El sociólogo austríaco-norteamericano Peter Berger [8] reconocía esta tendencia como secularismo subjetivo. En el caso mexicano, es importante reconocer si existe o no un laicismo subjetivo. Para ello a continuación analizaré como indicadores los datos que nos ofrece la encuesta Encreer (2016) sobre opinión religiosa y espacio. [9]
La mayoría de los mexicanos (90.4%) reconoce valores pluralistas al estar de acuerdo en que los miembros de cualquier culto religioso deben tener los mismos derechos de ciudadanía que otorga el Estado. Éste es un derecho humano fundamental presente en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La mayoría se orienta por un laicismo subjetivo, ya que se opone a los proyectos de confesionalización del espacio público y aprueba un estado laico que contemple leyes que regulen la injerencia y acción directa de la religión en el campo político. En el ranking de aceptación de principios laicos encontramos lo siguiente: 88% desaprueba que los candidatos a cargos públicos utilicen símbolos religiosos para ganar votos; 79,5% acepta la introducción de enseñanzas sobre sexualidad en las escuelas públicas; 75,3% rechaza que las religiones participen abiertamente en la política electoral 67,9% se opone a que las iglesias sean propietarias de medios de comunicación, y más de la mitad (56.4%) de los mexicanos aprueba las leyes que exigen que las iglesias presenten informes fiscales a la Secretaría de Hacienda. No obstante la laicidad se tensa cuando las agencias estatales interfieren en asuntos que tienen que ver con la moral sexual: 70. 8% está en desacuerdo con la inclusión de contenidos de género en los libros escolares; 71,7% no está de acuerdo con que las parejas homosexuales tengan derecho a adoptar hijos; 65,2% se opone a la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo; 62% desaprueba la despenalización del aborto.
Los datos revelan un alto grado de laicismo subjetivo en torno la no interferencia de la religión en política. Los mexicanos han incorporado la conveniencia del principio de separación Iglesia-Estado, del valor ciudadano de la diversidad religiosa y mantienen una visión de moralidad laica que contrasta con la postura de desaprobación respecto a la interferencia estatal relacionada con las libertades sexuales y la ideología de género que se enseña en las escuelas.
Un punto neurálgico en contra de la laicidad estatal es el hecho de que casi dos tercios (60,6%) de los encuestados contravienen el proyecto de escuela laica al estar de acuerdo con que se incluyan contenidos o valores religiosos en la enseñanza de las escuelas públicas. Éste es un tema delicado porque como lo ha desarrollado Cristina Gutiérrez Zúñiga el espacio escolar es un espacio de socialización crucial para la aceptación de la diversidad religiosa de los niños, y aunque la escuela es en principio una escuela laica, la celebración de tradiciones (como el altar de muertos o la navidad) que tienen raíces religiosas continuamente excluye a otras minorías (por ejemplo, a los Testigos de Jehová y a fieles de denominaciones evangélicas). [10] Al mismo tiempo, la escuela pública es un campo en tensión por parte de los movimientos conservadores de padres de familia –como es la Unión Nacional de Padres de Familia– que reclaman constantemente el derecho de los padres a educar a sus hijos y no del Estado. Esta tensión se hace más visible cada vez que se incluyen contenidos de educación sexual en los libros de texto para las escuelas primarias.
En la mayoría de los casos, las opiniones de la encuesta rechazan la injerencia de las religiones en la política, como la fundación de un partido político evangélico, como lo fue el Partido Encuentro Social (PES) creado para defender los valores familiares, que se alió con el partido MORENA que llevó a la presidencia a Andrés Manuel López Obrador.
La encuesta Encreeer (2016) nos permitió comparar a los sujetos diferenciados por sus afiliaciones religiosas a fin de poder reconocer de qué manera sus pertenencias religiosas influyen en sus valoraciones sobre la laicidad (no interferencia de lo religioso en asuntos públicos, y no interferencia del Estado en asuntos religiosos) y en aquellos temas que recientemente han generado controversia entre grupos religiosos. En términos generales, los católicos se pronuncian mayoritariamente por la inclusión de instrucción religiosa y mayoritariamente apoyan la celebración de festividades religiosas tradicionales en las escuelas públicas, aunque son también más liberales en temas sexuales (en un 20%) que los cristianos evangélicos (conjunto de diferentes congregaciones autónomas) y paraprotestantes (aquí se incluye a las tres principales denominaciones de origen estadounidense: Testigos de Jehová, Iglesia de los Santos de los Últimos Días y Adventistas del Séptimo Día) cuyas opiniones vertidas tienden a ser más conservadoras en temas relacionados con la sexualidad como son la despenalización de aborto, la legislación del matrimonio entre parejas del mismo sexo, el derecho a la adopción por parejas homosexuales y la educación sexual en las escuelas públicas. Por otro lado, los no religiosos (que no es sinónimo de ateos, sino de no afiliados o creyentes sin iglesia) en su mayoría rechazan la incidencia de la religión en espacios públicos como, es el uso de símbolos religiosos y la participación de iglesias en la política electoral, o la inclusión de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. Por su parte, los evangélicos son más complacientes en este tema que el resto.
La demanda actual de libertad religiosa
Desde la década de 1990 ha habido continuas presiones de grupos cristianos neoconservadores (principalmente católicos con nuevas alianzas con evangélicos) para incluir contenido religioso en las escuelas, libertad de conciencia en el cuidado de la salud (por ejemplo, para no acatar leyes antiaborto), autorizar a las asociaciones religiosas a ser dueñas de los medios y permitir que los pastores se presenten como candidatos políticos. En el fondo, estas acciones se han intensificado y han generado alianzas del ala conservadora cristiana para combatir los avances de los movimientos feministas que exigen la despenalización del aborto y LGBTI+ que lograron legislar el matrimonio y el derecho a la adopción entre parejas del mismo sexo.
Los movimientos cristianos conservadores se oponen a las políticas de Estado que perciben como una amenaza a sus valores, en especial a la vida (desde su concepción hasta la muerte) y a la familia (en un modelo patriarcal tradicional). En varias situaciones estos movimientos cuestionan y se oponen a lo que denominan “laicicismo”. Frente al avance de los derechos sexuales, los grupos cristianos conservadores han retomado la estrategia del “laicismo estratégico” que, en palabras de Juan Vaggione, [11] es un uso instrumental de los tratados internacionales de derechos humanos pues solo retoma aquellos correspondientes al tema de libertad religiosa, destacando los rezagos de cada país para el cumplimiento de dichos tratados; a la vez que restringe y niega los derechos y libertades de otras minorías raciales, de género, sexuales y no religiosas.
Como lo demostró en su libro Bernardo Barranco [12] desde hace algunas décadas han habido varios proyectos encaminados a reformar el artículo 24 de la Constitución, que establece la “libertad de creencias” que presionan con sustituirlo por el término “libertad religiosa”. Esta iniciativa defiende que la libertad religiosa no debe tener más límites que los derechos de terceros y el bien común. La acción legal es paralela a las alianzas entre católicos y evangélicos conservadores en las cruzadas nacionales pro familia y pro vida. De aprobarse la ley que han propuesto, se pondría al Estado al servicio de las asociaciones religiosas y se debilitaría por completo el principio de separación de Iglesia y Estado. Se permitiría la objeción de conciencia para no obedecer las leyes. Se introduciría como libertades el activismo político de las iglesias, se permitiría la posesión de medios de comunicación masiva, se establecerían clases de religión en las escuelas públicas (que serían financiadas con el presupuesto del Estado), las iglesias podrían colaborar en programas sociales mezclando el proselitismo con las actividades sociales del Estado, a fin de reforzar el corporativismo político religioso. Las asociaciones religiosas establecerían capellanías en los hospitales y el Ejército. Y para poner la cereza al pastel, el Estado tendría el deber de financiar las asociaciones religiosas. Es decir, las creencias podrían sustituir a los principios de responsabilidad social que tiene que asumir el Estado, más allá de los tintes religiosos.
El desafío de una laicidad moderna
El actual presidente Andrés Manuel López Obrador ha contravenido la tradición jacobina con una “política bíblica” usando referencias a Jesús, a los evangelios, e incluso utilizando símbolos y rituales religiosos durante su campaña electoral y a inicio de su mandato como presidente en sus declaraciones públicas en sus conferencias matutinas. El mandatario, siguiendo el ejemplo de otros presidentes latinoamericanos, trató de conseguir el apoyo clientelar de sectores evangélicos, pero su fuerza en México, similar a su escasa presencia poblacional, es muy débil. Aunque intentó una política de colaboración con un sector de los evangélicos, su relación con sectores católicos ha sido nula. En junio de 2022, ante la inseguridad provocada por una fallida política para contener la violencia del crimen organizado y ante el injusto asesinato de dos sacerdotes, la Conferencia Episcopal Mexicana (CEM) lanzó una campaña nacional sin precedentes a favor de la pacificación en México que fomenta la oración, que abre las parroquias para llevar a cabo el registro de personas desaparecidas, y exige un cambio en la política nacional.
En enero de 2023, la CEM dio a conocer un informe resultado de una consulta a la feligresía de casi todas las diócesis del país denominado “El éxodo silencioso de los laicos de la iglesia”. El informe refleja tres tendencias que al menos anuncian la necesidad de emprender una nueva etapa para la iglesia en México: una visión autocrítica capaz de reconocer la necesidad de modificar el fuerte clericalismo imperante por una mayor participación de los laicos; las necesidades psico-sociales urgentes de los laicos que requieren un mayor compromiso pastoral; y la critica a la polarización política provocada por el gobierno de López Obrador que demanda un liderazgo de unidad para la Iglesia. [13] Este informe no tiene precedentes y parece anunciar el despertar social de la iglesia en México, la cual durante casi un siglo se ha caracterizado como acrítica e indiferente con los problemas sociales que aquejan a la población. Esta actitud le ha permitido mantener el pacto del modus vivendi acordado en 1929 para que el gobierno detuviera la persecución religiosa y la jerarquía no se inmiscuyera en asuntos públicos. El modus vivendi marcó la tradición mexicana de un laicismo separatista que restringió la libertad de asociación religiosa vigente hasta finales del Siglo XX. En la actualidad vivimos un umbral de cambio hacia una nueva laicidad que, según Baubérot, [14] debe mantener el equilibrio de un triángulo equilátero que integre (1) la separación de esferas, (2) la implantación de una cultura pluralista del respeto y la igualdad de las minorías religiosas, y (3) las libertades individuales de conciencia, que incluyen tanto las libertades religiosas como las de las personas con demandas que contravienen la moral cristiana.
Por un lado, la separación de esferas es constantemente cuestionado por la presión de grupos conservadores por legislar de forma irrestricta el principio de la libertad de creencia lo cual limitaría la autonomía del Estado respecto a la cuestión social y política. La actual situación de tensión con la Iglesia Católica y su aparente despertar social podría ser una reversión del pasado anticlerical o un impulso a la colaboración entre Estado e Iglesia. Otro aspecto es que la laicidad mexicana estuvo pensada para contrarrestar a la Iglesia católica y varios de sus artículos se vuelven obsoletos para contener la intervención política de otras iglesias o religiones cuyas formas de organización no son similares al modelo iglesia. Por ejemplo, las congregaciones evangélicas no tienen un sistema sacerdotal formal cono la iglesia católica, por lo que la restricción a los sacerdotes o pastores de culto de participar en política electoral se vuelve obsoleta cuando se trata de predicadores intercongregacionales. Por otro lado, la libertad religiosa demandada por los cristianos conservadores se opone a una cultura pluralista que respete de forma equitativa la libertad de conciencia de sectores sin religión o de otras religiones que no comparten sus valores morales, pero que tienen los mismos derechos y libertades. Lograr un equilibrio pluralista es también una meta de la laicidad contemporánea en donde el Estado es un baluarte de la inclusión de las diferencias y un promotor de la no discriminación de las minorías. Sin duda estas encrucijadas conforman nuevos umbrales de laicidad, donde se libran reacomodos y se demandan nuevos equilibrios. La moneda de hacia dónde vamos está en el aire.
Este ensayo fue publicado originalmente en inglés con el título “A new secularism in Mexico: The coin is in the air». Only sky media, Feb 06, 2023; y en español en la revista Nexos, número 546, junio de 2023. Esta versión corrige errores en la interpretación de los datos de la encuesta Encreer.
[1] Por cultura pluralista se entiende una valoración positiva a la diversidad religiosa. James Beckford, Teoría Social y Religión, Cambridge: Cambridge University, 2003.
[2] Roberto Blancarte, Historia de la Iglesia católica en México, Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica/Colegio Mexiquense, 1992.
[3] Renée De la Torre. «Los símbolos y la disputa por la definición de los límites entre fe y política en México”. En Aldo Amegeiras (coord.), Los símbolos religiosos y los procesos de construcción política de identidades en Latinoamérica, Buenos Aires: CLACSO, 2014: pp. 17-39.
[4] Pew Research Center. Religion in Latin America. Widespread Change in a Historically Catholic Region. 2014.
[5] INEGI, Censo de Población y Vivienda . 2020.
[6] INEGI, Encuesta sobre discriminación en México, 2018.
[7] Jean Pierre Willaime, “Laicité et religión en France” (pp. 153-174). Editado por Grace Davie y Danièlle Hervieu-Léger, D. Identités Religious en Europe, París: La Découverte, 1996.
[8] Peter Berger. The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion, Nueva York: Garden City, 1967.
[9] Alberto Hernández, Cristina Gutiérrez Zúñiga y Renée de la Torre. Encuesta Nacional sobre Creencias y Prácticas Religiosas en México , RIFREM, Ciudad de México: El Colegio de la Frontera Norte/ CIESAS/El Colegio de Jalisco, 2016.
[10] Cristina Gutiérrez Zúñiga. “Modelos de convivencia en transición: la escuela pública. En Renée de la Torre y Pablo Semán (eds.) Religiones y espacios públicos en América Latina. Buenos Aires: CLACSO/CALAS, C. 2020: pp. 135-160.
[11] Juan Vaggione. “Los roles políticos de la religión. Género y sexualidad más allá del secularismo”. En M. Vasallo (ed.) En nombre de la vida. Buenos Aires: Católicas por el Derecho a Decidir. Córdoba: Católicas por el Derecho a Decidir, 2005.
[12] Bernardo Barranco. Las batallas del estado laico. La reforma a la libertad religiosa, Ciudad de México: Grijalbo, 2016.
[13] (una síntesis del documento se puede leer en Rodrigo Vera “Informe de la CEM al Vaticano: En los mexicanos prevalecen el miedo, la angustia, la desesperación…” – Proceso, 13 de enero de 2023.
[14] Jean Baubérot. Les Laïcités dans le monde. París: PUF, 2007.
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